Abortos de 33 semanas, francesas y holandesas en Barcelona, exámenes psiquiátricos falsos, trituradoras. Son más de mil páginas, según informa Forum Libertas.

REDACCIÓN HO / FORUM LIBERTAS.- La policía llama a declarar a una chica que abortó en una clínica de Morín:

- ¿Es esta su firma, en este examen psiquiátrico?

- Sí, es mi firma, lo firmé, pero no me examinaron de nada ni me preguntaron nada. Me hicieron firmar y el resto lo rellenaron ellos -responde la declarante, protegida bajo un número.

Así eran los "consentimientos informados" y los "exámenes de salud psicológica" en las clínicas de Morín, según recogen varios casos del sumario judicial.

Durante la investigación, la Policía pinchó durante dos meses los teléfonos de las clínicas del doctor Morín. El sumario -una enorme recopilación de datos y testimonios, más de mil páginas- recoge la transcripción de varias conversaciones telefónicas.

Por ejemplo, personal de las clínica de Morín comentan en estas llamadas un caso que se ha dado en su clínica: una chica que sufría un problema de hematuria (implica una mala coagulación de la sangre) que le llevó a perder la matriz (y la posibilidad de tener más hijos) durante el aborto. Es un riesgo más frecuente en abortos provocados que en partos, ya que si el parto es natural el proceso corrige en parte este riesgo.

Otro caso es el de una adolescente de 15 años que durante el aborto sufre intensos dolores. Al ser alérgica al medicamento que se pone en estos casos, el nolotil, la enfermera llama por teléfono a los doctores, ya que ellos ni siquiera están en la clínica. Un doctor dice a la enfermera que ponga como alternativa otro cierto fármaco, pero la muchacha es también alérgica a éste. Da igual, el doctor ya no propone nada más y la chica sigue con sus dolores.

Un negocio sin escrúpulos

El sumario recoge también numerosas llamadas telefónicas entre Morín y los miembros de su equipo en que discuten por temas de dinero. Las clínicas de Morín cobraban 500 euros por los abortos más sencillos, y entre 2.500 y hasta 5.000 por los más complicados, de bebés ya muy crecidos. El negocio podría ingresar unos 36.000 euros mensuales en negro, de confirmarse los datos del sumario.  

Apenas dos meses de pinchazo telefónico da para bastantes situaciones que podrían considerarse escabrosas. Teniendo en cuenta que que, según testigos y fuentes consultadas, Morín estuvo entre 15 y 18 años repitiendo impunemente esta serie de prácticas, cabe preguntarse cuántas historias acumulan las clínicas de Morín.

Morín contaba con una red de médicos y asistentes en distintos centros, clínicas y hospitales que le enviaban las chicas (por ejemplo, aparece una chica remitida de la prestigiosa clínica Teknon de Barcelona).

El proceso era sencillo: llamar, concertar cita, allí hacerse la ecografía y el historial médico, y luego el aborto. Las testigos interrogadas confirman, según el sumario, que ni se les informaba de los riesgos ni alternativas ni hacían en muchísimos casos los "tests psicológicos".

El turismo del aborto

En las clínicas de Morín se hacían abortos de seis, siete y ocho meses de gestación, edades en que los bebés sobreviven bien en la incubadora. Venían chicas de Francia, Holanda y Reino Unido a abortar, todos ellos países con aborto legalizado. Aparece en el sumario una chica de 17 años de Holanda, embarazada de 28 semanas. le acompaña su madre. El bebé y ella, por supuesto, están sanos. Quizá es el caso que investiga la justicia holandesa por homicidio.

El sumario recoge muchísimos casos de menores, la mayoría acompañadas de su madre o adultos.

La juez pidió al Departamento de Salud de la Generalitat que le enviaran todos los informes disponibles sobre las clínicas de Morín. El primero que Sanidad remite es el que elaboró el 27 de noviembre de 2006 a partir de una inspección realizada el 31 de octubre de 2006. La inspección nació por el reportaje de cámara oculta de la Televisión Danesa. Fue el mismo Morín quien el 19 de septiembre llamaba a Sanidad para cubrirse las espaldas, decir que su psiquiatra analizó a la chica (la periodista de incógnito) y dictaminó que no corría riesgo psíquico... lo mismo que dice en el reportaje.

Numerosas sanciones

Pese a tener 40 días para prepararse, cuando la Generalitat envía a sus inspectores aún encuentran materia suficiente para multarle por:

1) tener abortos sin documentar
2) faltarle analíticias de datos médicos y medicación
3) hacer analíticas sin el correspondiente permiso
4) haber empezado a operar en la clínica MC-CMB sin autorización administrativa del Departamento de salud, ni licencia del ayuntamiento. Morín pide la licencia el 7 de noviembre, dos meses después del escándalo de la Televisión Danesa... y 2 años después del escándalo del Sunday Telegraph de 2004.

Asombra que una red tan extensa de colaboradores, con tantísimos casos remitidos, durante 15 años, no llamara la atención de la inspección hasta el escándalo del reportaje danés que se emitió en media Europa.

En el sumario se habla también de las ya famosas "trituradoras". Según un testigo protegido que trabajó con Morín durante 2 años, Morín ya utilizaba 2 trituradoras y "dos aspiradoras" hace ya 15 años para hacer desaparecer cuerpos.

Morín cobraba, según el sumario, la inmensa mayoría de sus abortos en metálico, sin recibo. El sumario explica que la policía encontró en las clínicas del doctor Morín mucho dinero en billetes, guardado en sobres. Muchos abortos no quedaban registrados. Había que eliminar restos (y cadáveres de bebés) para que no quedara rastro.

Por lo tanto, sólo con las clínicas de Morín, en España se deberían contabilizar muchos más abortos de los oficialmente registrados. ¿Habrá más casos similares de clínicas que hacen abortos que luego no declaran, por ejemplo, para cobrar en negro, o porque hubo complicaciones médicas? Es un tema que hay que investigar.

ÚLTIMA HORA:

E-Cristians afirma que el sumario del "Caso Morín" refleja el escaso control de la Generalitat contra los abortos ilegales

Después de recibir el sumario judicial que ofrece detalles sobre las actividades en las clínicas de Carlos Morín en Barcelona, el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, denunció hoy, en declaraciones a Veritas, la "ausencia de una actuación inspectora mínimamente eficaz de la Generalitat de Cataluña". En el sumario, aparecen los resultados de una inspección de la Generalitat, que, a pesar de realizarse a petición del mismo Morín, permitió constatar omisiones (como la falta de licencia municipal y de registro en Sanidad de uno de los centros donde se realizaban operaciones) y precedió a algunas sanciones por irregularidades como que algunos expedientes estaban incompletos o no existían. Miró explicó que el Departamento de Salud localizó entonces algunas situaciones en las clínicas que podían constituir delito penal, que la Generalitat debía haber puesto en conocimiento del juzgado, pero no lo hizo.

El sumario también recoge supuestas ilegalidades en las clínicas de Morín, como falseamiento de los informes psiquiátricos para justificar abortos de fetos de incluso más de ocho meses que no correspondían a ninguno de los supuestos en los que el aborto está despenalizado, usurpación de titulación profesional (algunas personas ejercían una actividad sin la titulación necesaria), fraude fiscal, eliminación irregular de fetos fallecidos, etc.

La investigación muestra un buen número de actuaciones irregulares y falsificaciones de informes. Para deshacerse de los fetos, utilizaba trituradoras recomendadas para cocinas industriales. El PP catalán pide responsabilidades a la Generalitat.

REDACCIÓN HO.-  Este fin de semana los medios de comunicación han venido cargados de informaciones sobre las ilegalidades e irregularidades cometidas en los abortorios de Carlos Morín: el empresario cobraba más de 5.000 euros en dinero negro por abortos a partir de las 24 semanas; captaba a sus clientes ofreciéndoles bonos descuentos, o  congelaba los fetos por la noche para triturarlos por el día "sin molestar".

En la COPE, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, pedía este sábado a la Generalitat y a su presidente, José Montilla, que dieran explicaciones de todo esto.- no tiene duda de que el Gobierno regional sabía lo que pasaba en estas clínicas: "hemos denunciado este caso; hemos exigido a la consejera de la Generalitat explicaciones y estoy convencido de que la Generalitat sabía perfectamente que esta situación se estaba produciendo, porque si le hubiera venido de nuevas habría actuado de manera inmediata sobre estos centros, y lo que ha hecho es decir que hay que estudiar lo que hace, mostrando una actitud muy tibia con el señor Morín y ese tipo de clínicas que están realizando ese tipo de actuaciones aberrantes", declaraba Sirera.

Según informa ABC, En referencia a los informes psiquiátricos falseados, cuya práctica se recoge en la instrucción judicial, se explica el caso de una mujer que se encontraba "en un período de gestación de entre 20 y 22 semanas", y que iba a abortar acogiéndose a uno de los tres supuestos permitidos por la ley. Cuando el feto presenta graves malformaciones, la interrupción del embarazo está permitida en las 22 primeras semanas.

La mujer había sido atendida en un hospital público y según consta en su historia clínica de este centro, y también en la de TCB, una de las clínicas privadas investigadas y en la que se practicó el aborto, tenía pérdidas y el feto presentaba malformaciones. No hubiera hecho falta, por lo tanto, disponer del informe psiquiátrico necesario en otro supuesto.  En una diligencia policial se manifiesta lo siguiente: "Aun no siendo necesario, y debido al vicio adquirido por el personal de las clínicas, a la historia de la paciente se une el cuestionario de salud mental falseado, sin que a la mujer se le hubiera entregado, por lo que la firma y respuestas que constan en él son falsificadas".

La investigación profundiza en las irregularidadesComo ya se ha explicado, en ocasiones el personal presuntamente desempeñaba funciones para las que no tenía la titulación necesaria. Es el caso de algunos de los médicos, pero también de otras personas que traban en ambas clínicas.  Las mujeres encargadas de hacer la limpieza de estos centros barceloneses figuran como responsables de tareas que poco tienen que ver con eso. Existen denuncias que hablan de que alguna de estas personas hacía el trabajo de esterilización en los quirófanos. Según se relata, tanto en la clínica Ginemedex como en TCB, ambas propiedad del doctor Morín, existe dentro del ala quirúrgica una zona dedicada a la esterilización de los instrumentos que se utilizan en las intervenciones.

Por la importancia de que el instrumental esté bien esterilizado de cara a los siguientes usos, es necesario que esa limpieza la haga personal con formación específica. En este caso, según denuncian ex empleados de Morín, la esterilización de los instrumentos de quirófano "la realiza personal no cualificado, que lo hace sin respetar las mínimas garantías higiénicas, ni utilizar los detergentes adecuados para limpiar cada cosa".

Cualquier persona

Las denuncias citan a una persona de la plantilla encargada de la limpieza en Ginemedex que realiza la esterilización, "aunque no tiene el curso específico para ese trabajo, ya que no es ni enfermera". Añaden que cuando esta persona no está porque se encuentra, por ejemplo, de vacaciones, esa tarea la lleva a cabo "cualquier persona de la plantilla encargada de la limpieza". En cuanto a la remuneración, "y como todos los trabajadores de la empresa", esa primera persona citada cobra una nómina que "se divide en la parte A (oficial) y la parte B (dinero negro no declarado)". Si tiene que quedarse fuera de su horario exigido porque "una cesárea o una intervención ilegal se practican por la tarde, esas horas extras las tiene muy bien remuneradas".

Tres vías para falsificar los informes psiquiátricos

En ayunas, con el Documento Nacional de Identidad y acompañadas por alguien. Este era el equipaje que debían llevar a las clínicas del doctor Carlos Morín las mujeres que iban a abortar. Así se les advertía en persona si acudían antes a los centros, o por teléfono cuando llamaban para fijar la fecha de la intervención, que en algunos casos se realizaba el primer día que pisaban las clínicas Ginemedex o TCB. No parece que se dedicara demasiado tiempo a comprobar la salud física y, sobre todo, psíquica de las mujeres, supuesto este último que daba cobijo a la inmensa mayoría de los abortos ilegales.

La investigación del caso Morín no ha acabado, pese a que el sumario judicial instruido hasta ahora lo engrosan cerca de 4.000 páginas. De las 2.789 historias clínicas del año 2007 que constan en poder de la Guardia Civil -a quien la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encomendó la investigación-, apenas se han analizado 139. Sin embargo, y a la espera de que concluya el trabajo, las pesquisas evidencian el cúmulo de presuntas irregularidades en el funcionamiento de los centros, donde también se hacen prácticas ginecológicas permitidas.

Indicios de delito

Factura que demuestra la adquisión de la trituradoraSupuestos abortos ilegales, algunos en estados muy avanzados de gestación de la mujer y también a menores, a los que se daba apariencia legal con papeles falsos; cobros en dinero negro a las mujeres y pagos con la misma opacidad a algunos de los empleados de Morín por practicar las intervenciones, o el sistema montado para captar clientes, son algunos de los ejes que trasluce el sumario.

En un auto judicial que consta en él, la magistrada afirma que, en base a los datos aportados por la investigación, "aparecen indicios suficientes para considerar la realidad de la presunta comisión de un número importante e indeterminado de delitos de aborto ilegal", además de otros delitos continuados de falsedad documental, intrusismo profesional y asociación ilícita. La juez alude a la "gravedad de los hechos que se investigan, ya que en primer lugar se trata de delitos contra el valor supremo que es la vida"", cuando ordena los registros en las clínicas y en el domicilio de Morín.

El propio doctor reconoció en su declaración judicial que en sus centros "puede haber sucedido en alguna ocasión" que se hayan hecho abortos después del segundo trimestre de gestación "bajo criterio psiquiátrico". Y en los informes psiquiátricos irregulares parece sustentarse buena parte de la trama de estas clínicas barcelonesas. Carlos Morín afirma en otro momento que el 97% de los abortos que se practican en sus centros se hacen acogiéndose al supuesto de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La ley en este caso no permite la interrupción después de las 22 semanas de embarazo.

Según se desprende de lo investigado, las falsificaciones o manipulaciones de los informes psíquicos, preceptivos y previos a la interrupción del embarazo, se hacían de tres maneras y en todas figuraba el denominado Test de Goldberg. La respuestas que las personas dan las preguntas que plantea ese test permiten valorar estados de depresión.

Cuestionarios

Según una de las maneras fraudulentas de actuar, a la paciente se le daban dos cuestionarios idénticos del Test de Goldberg. Se le pedía que rellenara y firmara uno de ellos y que el otro sólo lo firmara. Posteriormente hacían desaparecer el cuestionario cumplimentado por la mujer y personal de las clínicas rellenaba el que sólo estaba firmado, que se unía a la historia clínica.

Otras veces no se le daba a la paciente el test, que luego cumplimentaba el personal falsificando la firma. Según la tercera vía, la mujer tenía que rellenar el cuestionario y también firmarlo. Luego se hacía desaparecer y el personal rellenaba y firmaba uno nuevo, que igualmente se adjuntaba a la historia clínica.

La mayoría de las pacientes que han declarado hasta el momento coinciden en que no fueron visitadas nunca por un psiquiatra antes de someterse al aborto. Muchas mujeres -que acudían a la clínica con el estómago vacío, el DNI y el acompañante- recordaban haber tenido que firmar a su llegada papeles en blanco que, según les dijeron, eran para autorizar la intervención y para la anestesia. Otras no saben para qué servían los documentos y algunas no reconocieron como suya la firma que aparecía en ellos.

Las reconocimientos psíquicos corrían a cargo presuntamente de dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas, además de practicar su profesión en otros centros sanitarios, incluso públicos. La investigación sobre estas dos personas permitió descubrir que varios de los días en que se practicaron abortos, ninguno de ellos acudió a las clínicas Ginemedex y TCB.

Según las denuncias de ex empleados, presuntas violaciones servían también para dar cobertura a mujeres que abortaban, por ejemplo, por presiones familiares o porque se acababan de separar de su pareja.

Congelaba los fetos de noche para triturarlos de día 'sin molestar'

Trituradoras para alimentos usadas en los abortuorios de MorínPor otra parte, según demuestra el diario El Mundo, los abortuorios de Morín sí tuvieron trituradoras. Estas estuvieron en sus centros hasta el año 2004, fecha en la que fueron desmontadas ante las denuncias aparecidas en medios de comunicación ingleses y daneses, según consta en la declaración de un testigo protegido en la trama de los abortos ilegales de Barcelona.

Concretamente, eran tres: dos pequeñas y otra de tamaño industrial. La más grande -que también tenía función licuadora-, costó 425.952 pesetas, fue pagada en tres plazos y adquirida por la clínica Ginemedex el 6 de agosto de 1998, tal y como consta en la factura realizada por la empresa guipuzcoana Tratamiento de Residuos-Fabricantes de Trituradores, según ha podido saber EL MUNDO.

El prospecto del fabricante recomienda esta trituradora para "el almacenamiento de los desperdicios producidos en las cocinas de hoteles, restaurantes, colegios, residencias y hospitales", así como en "mataderos, pescaderías, fábricas de conserva y mercados". En la clínica del doctor Morín se habría utilizado para deshacerse de fetos en avanzado estado de gestación, tras la práctica de abortos presuntamente ilegales.

Uno de los testigos protegidos relató ante los Mossos d'Esquadra y, con todo lujo de detalles, el uso que se daba a estos aparatos. Explicó que en la clínica TCB, tras la mesa de recepción de las clientas, "hay una puerta que esconde una pica de lavabo", y que debajo de ésta estaba instalado el triturador, con el que "se deshacían de los fetos resultantes de las operaciones ilegales".

Después del reportaje emitido por la televisión danesa en 2006, Morín ordenó que la máquina fuera "desmontada", pero "queda la instalación de fontanería". Automáticamente, "el nivel de ingresos bajó en picado", aseguró el testigo. Hasta que se instaló el triturador en la clínica Ginemedex, "los fetos se descuartizaban y se mezclaban con los extraídos en los abortos legales", dijo. El testigo también explicó que este triturador "se había atascado en ocasiones, y que se tenían que abrir las cañerías y el suelo de la clínica por un paleta".

Asimismo, explica que "como lo normal era que estas operaciones terminasen por la noche, se introducían los fetos extraídos en el congelador, y al día siguiente los trituraban", con el fin de "no molestar a los vecinos por la noche".

Secretismo con las pacientes

A las pacientes que preguntaban qué sucedía con los fetos, siempre se les decía que los incineraban. Esta actividad corría a cargo de "los médicos encargados de la operación". En los abortos legales, el testigo explicó que los fetos extraídos se depositaban en contenedores sellados para que la empresa Ecoclinic los recogiera dos veces por semana.

El testigo dijo que la trituradora de la clínica Ginemedex "estaba dentro de un armario de formica blanco instalado en una sala justo al lado de la cafetería de uso del personal", que se aprovechó la instalación de fontanería del anterior triturador que estaba en el patio interior, y que en la misma sala se almacenaban las botellas de oxígeno de la clínica. Era aquí donde también situó el testigo la cámara donde, presuntamente, se congelaban los fetos extraídos por la noche.

En su declaración ante la juez, Morín explicó que "nunca" hubo un triturador en Ginemedex mientras él estuvo allí. Sin embargo, cuando llegó hace 15 años a la clínica sí había uno, instalado en un patio -como han confirmado varios testigos e imputados-, pero que nunca se utilizó.

En junio de 2007, este testigo protegido explicó a los Mossos d'Esquadra que Carlos Morín realizaba en TCB, él mismo, abortos fuera de plazo con la ayuda de personal médico de confianza. Después del reportaje con cámara oculta de la televisión danesa, pasó a realizarlos en Ginemedex. Precisamente, fue éste uno de los dos testigos protegidos que destaparon la trama de presuntos abortos ilegales. Morín fue detenido en noviembre de 2007 y pasó dos meses en prisión provisional, junto a su esposa y varios colaboradores.